La llegada al poder de Evo Morales avivó la creación de offshores bolivianas en Panamá

PAPELES DE PANAMÁ

Entre 1994 y 2005 había nueve empresas en el bufete Mossack Fonseca. En 2006 se crearon 11 y durante la primera gestión de Evo llegaron a más de 50. Agro, minería e importadores, los principales clientes

Antes de que Evo Morales llegara al poder en Bolivia, solo nueve grupos empresariales habían tocado las puertas del consorcio panameño Mossack Fonseca para crear empresas offshore, esas compañías que, por lo general, tienen como finalidad ocultar al propietario o trasladar las operaciones de un inversionista a un territorio con mejores ventajas fiscales. Los primeros en llegar fueron los importadores, allá por el año 1994. Como cuentagotas les siguieron los mineros, los industriales y los grupos de inversores, con economía tan diversificada que cuesta clasificarlos en un solo gremio. 


El primer año de Evo Morales en el poder, en 2006, la clientela del bufete panameño se multiplicó, 11 empresas nacieron en un año. Minería, agroindustria, aseguradoras y capitales de medios de comunicación se convirtieron en sus clientes. Antes de que terminara su primer mandato (acortado a 2009), en medio de las luchas por el poder, en la polarización política, en la llamada ‘guerra económica’, entre rumores de instauración de un socialismo que relativizaría la propiedad privada, en pleno proceso de limitación de la extensión de la propiedad agraria, entre rumores de revisión de las concesiones mineras y cuando el Gobierno advertía a los empresarios que debían hacer negocios y no política, Mossack Fonseca ya había creado 68 offshores para bolivianos, más de la mitad de las 127 empresas encontradas hasta 2015, cuando una filtración de sus correos electrónicos dejó al descubierto quiénes eran sus clientes. 


“ La idea inicial era implementar un régimen socialista y los inversionistas buscaron opciones de cómo proteger su dinero, su fortuna. En cierta forma se puede entender que existía temor por las posibles políticas que iba a tomar el presidente Morales”, dice Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. “Los paraísos fiscales no son malos por sí mismos. Lo son si llevas tu dinero a escondidas, pero si las transacciones están registradas en los estados financieros no habría mayores observaciones”, añade. 

Números grandes
De los más de 14.000 documentos analizados por EL DEBER a través de las filtraciones realizadas al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se pudo determinar que las empresas creadas por Mossack Fonseca para bolivianos son un pequeño muestrario de la economía nacional. Veinte de ellas tienen accionistas que provienen de los agronegocios. Todos ellos afincados en Santa Cruz. Otros 18 se dedican a importar bienes, desde automóviles de alta gama hasta elementos de ferretería y artículos de belleza. Hay 15 empresas cuyos beneficiarios finales son accionistas de empresas mineras, 11 offshores que están ligadas a capitales de aseguradoras y bancos, siete a inmobiliarias y un número similar está relacionado a industrias.  


Para Yerko Ilijic, abogado y politólogo paceño, lo llamativo es que no haya habido más empresas bolivianas en los Papeles de Panamá, ya que el periodo de filtración coincide con un tiempo de bonanza económica en Bolivia. Define las offshore como conductas accesorias a la corrupción, una forma de negocios que va más allá de la afectación del Estado, que también utiliza el ocultamiento de bienes y la administración a través de terceros (testaferros), para tener ventajas económicas fuera del alcance del ciudadano común.


Observa que hay que tener cuidado al considerar ilegal estas conductas. Explica que no es lo mismo evasión (defraudar impuestos) que elusión (minimizar o evitar el pago de impuestos por vías legales), algo que no está penado en Bolivia, pero que es visto por los Estados como algo sospechoso y de difícil seguimiento. 


Considera, además, que el hecho de que sean pocas empresas bolivianas involucradas en las filtraciones de Mossack y Fonseca, puede significar que en el sistema financiero nacional hay aún formas de manejar ‘flujos negativos’ de dinero sin que nadie lo note. 


¿Es la política o la economía?
No todos llegaron al mismo tiempo a tocar las puertas del bufete panameño. Si fuera un asunto meramente político, en los documentos consultados se ha podido encontrar a cinco exministros que prestaron servicios en los gobiernos de Hugo Banzer, Tuto Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé.

Está la familia de un expresidente, que en 2011 contactó a Mossack Fonseca para abrir una offshore, pero cuando ya le habían asignado una firma, paralizaron el negocio al descubrir que tenían juicios en Bolivia. Hay exdiplomáticos, exparlamentarios y tres expresidentes del Comité pro Santa Cruz. En total, son una docena de nombres entre 275 bolivianos que figuran en los Papeles de Panamá.


“Si bien había inestabilidad política, es también el momento de mayor despegue económico, cuando los empresarios ganaban más plata que nunca”, dice un politólogo que asesoraba empresarios en la década pasada y que, por ética, no quiere ver su nombre en esta publicación. En medio del cepo a las exportaciones agrícolas, la toma de instituciones y las matanzas de La Calancha y Porvenir, se dieron  los mayores picos de los precios de las materias primas.

Un documento del Ministerio de Economía señala que en 2007 la soya alcanzó un precio internacional de $us 554 por tonelada. En 2012 subió hasta $us 623. El estaño cotizó a $us 11 por libra fina entre junio de 2007 y enero de 2008, y que rozó los $us 15 a finales de 2011. En ese mismo tiempo el oro alcanzó los $us 1.900 la onza Troy y la plata llegó a $us 47,2 por cada 31,1 gramos. Los mayores picos de creación de offshores están en 2007 y 2012. La política jugó un rol importante en 2007, pero en 2012, fue la economía la que movió todo.


 Eran años en los que la voracidad de China, que aumentaba su demanda de materias primas en un 35% anual, generaba “la década ganada” en América Latina. También el tiempo en el que Bolivia comenzaba a presionar a sus contribuyentes para obtener más recursos provenientes de impuestos. Ilijic recuerda que entre 2007 y 2008 Impuestos Nacionales comenzó a hacer auditorías a gestiones pasadas de empresas. Según el reporte de recaudaciones del Ministerio de Economía, hubo una subida de recaudaciones de un 24% en ese periodo, mientras que entre 2010 y 2011 la recaudación creció un 34%. Bolivia alcanzó un pico histórico de Bs 41.000 millones en 2011. 


Es así que la clientela de Mossack Fonseca en Bolivia se comenzó a diversificar en la primera mitad de la presente década. Ya no ingresan más agroproductores (en realidad, las 20 offshore relacionadas con el agro fueron creadas entre tres grupos empresariales), sino que comienzan a aparecer más actores del mercado inmobiliario e importadores.

Los agentes bolivianos del bufete panameño ampliaron su radio de acción extendiendo sus influencias hasta, por ejemplo, llegar a algunos comerciantes de la Eloy Salmón de La Paz o a empresas medianas de ventas de calzados en Santa Cruz de la Sierra. 


También hubo otro tipo de transacciones. La derrama económica alcanzó para que empresarios abrieran una offshore para transar en el mercado inmobiliario del exterior. Adquirieron departamentos de entre un cuarto de millón de dólares y de medio millón de dólares en esas nuevas torres que comenzaron a aparecer en el horizonte panameño. Eso hizo un exaccionista de una empresa que fue nacionalizada por Evo Morales, pero no fue el único.

Conducta económica
Se podría clasificar en cinco grupos los movimientos empresariales de bolivianos en Panamá. Por un lado están las offshore creadas para ser accionistas de empresas bolivianas. Un empresario o grupo empresarial les transfiere sus acciones a su empresa creada en Panamá y su nombre deja de aparecer como accionista de una empresa sin que en realidad deje de serlo. Hay un listado de al menos 10 offshore que se las puede rastrear en los reportes de la ASFI y de la Bolsa de Valores. Todas ellas -y otras más- pasaron por el  Consulado boliviano en Panamá. 


Hay otros grupos de empresas que figuran como compradoras de los productos de algunos de sus accionistas para luego revenderlos a una tercer empresa también extranjera. También hay compañías afincadas en Panamá que prestan millones de dólares a empresarios bolivianos que en realidad son sus dueños.

También hay otras en las que sucede al revés, que absorben deudas en Bolivia de sus accionistas.  El último grupo detectado -pero uno de los primeros en llegar a Panamá- son los grupos familiares que resuelven una herencia o un divorcio a través de una offshore. Gabriel Dabdoub, expresidente de la Confederación de  Empresarios Privados de Bolivia, explica que esto se hace para propiciar que la empresa continúe operativa mientras los herederos o litigantes llegan a un acuerdo.  


Hay un sexto grupo un tanto más difuso. Tienen en común que son abogados, algunos con varias offshores, pero sin ningún otro negocio declarado en Bolivia salvo ser parte de una firma de intermediarios entre Mossack Fonseca y clientes bolivianos. 


Según Akamine, existen especialistas que manejan los movimientos de dinero. Son satanizados por los gobernantes pero no cometen ningún delito. “Todo ciudadano tiene derecho a tener inversiones en el exterior, de llevar su dinero bien habido a bancos en el extranjero. Todo depende de dónde pueda tener mayores réditos”, dice. Ahora, tras la investigación de la Asamblea Legislativa de los Papeles de Panamá, Akamine teme que la verificación tributaria ordenada por la Comisión Papeles de Panamá se convierta en excusa para determinar nuevos tributos bajo el pretexto de las actividades de sus empresas offshores. “Tienen poca idea de este tipo de negocio. Han hecho la investigación por el escándalo”, dijo. 


Para Ilijic, que estudia los millonarios casos de corrupción en YPFB, primó la presión fiscal y judicial sobre determinados empresarios antes que las ganancias del periodo de bonanza. “En Bolivia no necesitas a Mossack Fonseca para esconder dinero de la corrupción, por ejemplo”, contó. 


Su colega politólogo que asesoraba empresarios lo dice de otra forma: “Si no te haces confiable como Estado y te vuelves duro en impuestos, lo natural es que la gente se vaya, que saque sus capitales”.

 

Eclosión de hombres de papel

El uso de testaferros fue uno de los factores en común de la mayoría de las firmas bolivianas que acudieron a Mossack Fonseca.  Empresas bolivianas compartieron ‘directores’ ligados a offshores de políticos argentinos.

Una de las primeras compañías que acudió a Mossack Fonseca para crear una firma en Panamá, tenía como representante legal a Francis Pérez, un hombre panameño que figura como empleado del bufete y es parte de más de 10.000 firmas que quedaron al descubierto por la filtración masiva conocida como Papeles de Panamá.

La empresa, que estuvo activa hasta 2014, tenía como finalidad hacer inversiones en Panamá y Estados Unidos, pero sus accionistas reales o sus apoderados nunca hubiesen quedado al descubierto sin la filtración. Solo figuraba un directorio, conformado, además de Pérez, por Leticia Montoya (nombre ligado a casi 11.000 empresas) y a Katia Solano, que era funcionaria de Mossack Fonseca y aparece en más de 5.000 firmas.


Estos nombres están relacionados con los directorios de varias empresas bolivianas, pero también a una red de compañías de papel que los investigadores argentinos ligaron a Lázaro Báez, nombre clave en la indagación sobre la corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.


La falta de relación entre los seres de papel y los dueños bolivianos queda al descubierto en uno de los correos revisados. Una compañía legalmente instituida en Bolivia quería pagar un estudio de mercado en Panamá, a través de su offshore, pero el apoderado boliviano no recordaba quién figuraba como director y representante legal de la empresa panameña. Debió enviar un correo a Mossack Fonseca para averiguarlo y redactar el contrato que debía quedar en su balance anual. El consorcio panameño respondió rápido entregando el nombre y recordando que esa transacción tenían un costo de $us 300.

Darío Monasterio: "Con seguridad jurídica se puede repatriar los capitales"

El saldo en la balanza de pagos de un país se compone del saldo de la balanza comercial (ingresos o egresos netos de pagos por exportaciones e importaciones de bienes y servicios) y del saldo en la balanza de capitales (ingresos o egresos netos de capitales). La creación de empresas por parte de ciudadanos o empresas bolivianas en países con menores tasas impositivas u otros tipos de beneficios se debe, principalmente, a la búsqueda de seguridad jurídica y una mayor rentabilidad del capital.


Desde el punto de vista netamente económico (y no legal), la creación de empresas offshore es equivalente a la no entrada de capitales por Inversión Extranjera Directa (IED), por ejemplo, o a la caída del precio del gas que exportamos. Está íntimamente relacionado con el nivel de inversión privada que existe en el país.


Según la teoría keynesiana, la inversión privada depende de las tasas de interés (o tasas de retorno del capital) en el país y a las expectativas de los agentes económicos. La falta de seguridad jurídica, que influye directamente en las expectativas de inversión, y menores tasas de retorno del capital por la inflexibilidad laboral, la mayor presión tributaria y otras variables, han generado que existan agentes económicos que busquen maximizar sus beneficios en el exterior. Tomando en cuenta que el capital al igual que la mano de obra son factores de producción y su movilidad de un país a otro depende de las normas de cada país e influye la coyuntura económica. 


Algunos países relajan sus normas migratorias y de entrada y salida de capitales según la coyuntura económica, mientras que otros las mantienen a través del tiempo dependiendo de su dotación inicial de factores. Normalmente los países con menor dotación de mano de obra o habitantes, son más laxos en sus políticas de movilidad de capitales como es el caso de Panamá, Uruguay, Bahamas, Liechtenstein, Luxemburgo, Suiza, etc.


El control de los llamados paraísos fiscales se reforzó luego de los ataques del 11 de septiembre para que los fondos no sean utilizados en delitos como legitimación de ganancias ilícitas, lavado de activos y/o financiación del terrorismo, tal como está especificado en las normas ‘antilavado’ del país y del exterior.


Algunos países han aplicado políticas públicas para incentivar el retorno de los capitales o, si se quiere, el ingreso de capitales o inversiones a sus países. Esto se lograría en Bolivia dando señales positivas de cumplimiento del imperio de la ley, la seguridad jurídica y una justicia independiente. Además, los impuestos deben ser ‘planos’: pocos impuestos y tasas uniformes para todos. Un sistema simple y flexible y no coercitivo y discrecional. Esto sin descuidar los controles de cumplimiento de las normas antilavado, de la evasión impositiva y del ingreso de capital ‘golondrina’.