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Cazadas a medio camino

Para mulas y tragones ser capturados antes de cruzar la frontera puede transformarse en una pesadilla, peor que estar en prisión en Chile. Las condiciones carcelarias son más precarias y los tiempos de condena efectiva mucho más largos. El Gobierno de Bolivia reconoce la “feminización” del narco como consecuencia de la pobreza. Una mujer encarcelada significa una familia sin sustento ni protección. Judith, quien recibió una amnistía por su cárcel terminal, y Laura, quien está condenada a ocho años de prisión y cuyos hijos ahora están separados, relatan sus historias.

Judith sabe que sus días están contados. A la muerte no le llama por su nombre, prefiere compararla con un gran viaje que la traslade a un lugar donde sus hermanos sí tengan pan para llevarse a la boca, donde su madre no sea una alcohólica y donde, en vez de trabajar cosechando y empacando bananas en el Chapare, pueda estudiar abogacía. Un lugar donde a su cuerpo no se lo devoren unas células cancerosas, esas que aliadas a su pobreza la obligaron a fajarse un kilo de droga a la espalda y luego, una madrugada de abril de 2018 cuando el viento bajaba a tropel por las montañas de Challacollo y el frío le atenazaba hasta las vísceras, le quitaron su libertad.

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- En primer lugar mi nombre es Judith, tengo 27 años. Nosotros somos siete hermanos, yo nací cuando mi mamá era soltera. Ellos son mis hermanastros, su padre murió cuando yo tenía 19 años. Luego, a mis 24, me detectaron el cáncer...

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Judith no sabe que antes, durante y después de que respondiera ese primer mensaje de texto, al otro lado del teléfono celular había una periodista que temía que mandara la entrevista al diablo. No sabe tampoco que antes de que se ejecutara el ‘plan C’ para contactarla, porque el ‘A’ y el ‘B’ fallaron, había averiguado gran parte de su vida. Por ejemplo, dónde nació, dónde estudió, quién era su madre, cuándo le diagnosticaron el cáncer, cuándo la extirparon los senos, dónde y con quiénes estaba cuando adosó los 1.050 gramos de cocaína a su columna vertebral, ahí mismo dónde el cáncer también había hecho metástasis.

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-Me decía el juez que en la audiencia pudo percatarse de los dolores intensos que usted sufría.
- Si, dolores de hueso. No dormía bien, tal vez el frío. Ahí adentro es terrible.

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“Ahí adentro” es la cárcel de San Pedro de Oruro, un armatoste de dos pisos cuyo reemplazo se empezó a construir hace una década, pero su inauguración aún se hace esperar. Hasta agosto de 2018 albergaba a 896 presos cuando su capacidad es para 250.
Aunque las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos señalan que durante su privación de libertad a los vulneradores de las leyes se les debe proveer condiciones razonables de habitabilidad, los que están en San Pedro viven como sardinas en lata. Bolivia se encuentra entre los diez países con mayor sobrepoblación carcelaria en el mundo y es el cuarto a escala latinoamericana. En 2017 el hacinamiento en las cárceles había superado el 256%. Y "ahí adentro" Judith es una sardina más. En la sección 5 comparte espacio con otras 118 mujeres, de esa cantidad 60 -al igual ella- están encerradas por delitos relacionados con el narcotráfico.


Como ella, la mayoría fue cazada a medio camino cuando intentaban con todos sus miedos, enfermedades suyas o ajenas, necesidades económicas apremiantes y cargos de conciencia a cuestas, perforar la frontera e ingresar con droga a Chile. Ellas, los eslabones débiles de la cadena perversa del narcotráfico, están purgando condenas mientras los 'peces gordos' siguen operando a sus anchas y utilizando a más mujeres como correos humanos.
Solo para tener una idea, el año pasado en Chile 365 bolivianas, según datos analizados del Poder Judicial de Chile, fueron apresadas por traficar droga. Todas ellas, excepto dos, no tenían antecedentes penales y habían salido de Bolivia con los ovoides en sus estómagos o con la droga fajada en sus espaldas, piernas, glúteos, senos o embutida en sus tacones o en conservas de alimentos y botellas de bebidas, además de otros métodos ingeniosos de camuflaje que cada día ponen a prueba el trabajo de detección de los agentes antinarcóticos de Chile y Bolivia.
Si Judith no hubiera ‘caído’ en Challacollo, al inicio de la ruta que conecta a Oruro con Chile, podría haber pasado a engrosar las estadísticas chilenas, pero si simplemente hubiera llevado ‘el paquete’ a su destino, Iquique, con los mil dólares que le iban a pagar habría podido comprar dos dosis y media de Zoladex, el medicamento que le ayuda a amortiguar el avance del cáncer.
Si el ‘paquete’ -continuando con la misma hipótesis- hubiera llegado al redituable mercado de Chile, uno de los mayores consumidores de cocaína y marihuana de América, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, esa cocaína se habría sumado a la cadena de la drogodependencia y, como dice la secretaria de Seguridad Ciudadana de Oruro, Sandra Soto, eso ya afecta al sistema mismo porque tiene “un espectro de amplificación muchísimo más grande” e incide, por ejemplo, en la seguridad ciudadana, en que se puedan cometer otros hechos delictivos, y en la salud.


Chile es uno de los mayores consumidores de cocaína y marihuana de América, según la ONUDC


Sobre las muertes relacionadas con el consumo de sustancias controladas, el Informe Mundial de Drogas de 2018 de la ONU da cifras alarmantes: a escala mundial, aumentaron en un 60 % entre 2000 y 2015. Los números cuadran de ida y vuelta. Chile como consumidor y Bolivia como productor porque si se habla de la producción mundial de cocaína, alcanzó en 2016 el nivel más alto jamás reportado, con un estimado de 1.410 toneladas. La mayor parte de la producción proviene de Colombia. Bolivia ocupa el tercer lugar. Pero… volvamos a la historia de Judith, que hay ‘más tela por cortar’.

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- ¿Es cierto que el hacinamiento es tal que deben dormir hasta de a tres por cama o en el piso, en colchones de paja?
-Sí, yo pienso que la prensa debería entrar ahí adentro más seguido. Hay muchas mujeres que sufren.

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Una de esas mujeres que sufre es Laura, a la que Judith conoció en ‘aquel viaje’ que terminó en la cárcel de San Pedro.
Cuando cayó la noche del domingo 8 de octubre, después de liarse con cinta masquin cada una un paquete de cocaína, en la terminal de Sacaba, Cochabamba, se montaron a un bus que las condujo a la ciudad de Oruro. Así mataron los 215 kilómetros de distancia que hay entre el corazón geográfico de Bolivia y uno de los tres departamentos con los que este país comparte 850 kilómetros de frontera con Chile.
Es la misma frontera por donde – en palabras del ministro de Gobierno, Carlos Romero – se realiza el mayor movimiento poblacional y económico, en comparación con Perú, Argentina, Paraguay y Brasil, también vecinos del país que es gobernado por el líder cocalero Evo Morales. Judith y Laura no cumplieron su objetivo de atravesar este punto fronterizo, apenas habían comenzado a trepar la cadena de montañas del altiplano andino hacia Pisiga, el último pueblo boliviano en cuyos límites con Colchane comienza Chile, cuando una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico detuvo al ‘rapidito’ en el que iban.
En Challacollo, tierra de los antiguos Urus, las indómitas montañas son las únicas que se yerguen imponentes ante las temperaturas bajo cero y los 3.700 m.s.n.m. Justo ahí, cuando la primera corriente de aire le golpeó el rostro al descender del vehículo de transporte público, a las 3:20 de la mañana del lunes 9, Laura supo que todo estaba perdido. Se arrepintió de no haber hecho caso a sus ‘corazonadas’, a la lógica y a la súplica de su hija mayor, de 13 años, la única que sabía del viaje aquel.
“¿Un paquete en mi espalda? Cualquiera que lo toque sabría que ahí había algo raro. Ese no es el mejor lugar para esconder ‘eso’”, reflexiona ahora en la cárcel de San Pedro. Nadie le quita la idea de la cabeza de que alguien ‘las vendió’, es decir, que fueron utilizadas como ‘carne de cañón’ para distraer a la patrulla antinarcóticos.
Sus dudas se las transmitió a Judith mientras ésta le acomodaba el ‘ladrillo’ en la espalda. Nunca se habían visto antes. Solo harían ese viaje y después cada quien jalaría para su lado. La una pensaba en sus medicamentos y la otra, en los tres meses de alquiler sin pagar, en las 15 papas que quedaban en la cesta, en los uniformes de colegio para sus hijos, en la operación de su ojo y en que los mil dólares que le pagarían en Iquique solo sería capaz de reunirlos trabajando medio año vaciando cementos en construcciones de Cochabamba. La pregunta quedó en el aire y ninguna exteriorizó su calvario. En fin, en ese tipo de negocios las preguntas están demás y no vas a buscar amigos.
- ¿Qué tiene ahí?
Es la sargento Susana Mamani que ya está revisando a Laura. Judith sigue en el minibús.
-Tengo problemas en la columna por eso me he fajado.
La sargento sabe que la mujer miente, lleva años perfilando a mulas del narco y sabe que en esa espalda el problema no es con la columna. En ese frío gélido le ordena que se quite los abrigos y la faja. Laura empieza a tiritar. Acaba de asimilar que, con esos 1.200 gramos de cocaína, que hasta entonces no sabía que estaban repartidos en 95 ovoides, comenzaba un nuevo calvario lejos de su razón de vivir: sus hijos. Ahora -ya lleva medio año encerrada en San Pedro- cree que el obedecer a Judith aquella madrugada le provocó graves repercusiones a su nueva situación jurídica.
-Me dijo que me calle, que no delate a los que nos dieron ‘eso’, que estando ellos libres tal vez nos podrían ayudar. Eso nunca sucedió. Yo tenía miedo por mis hijos, que algo les puedan hacer. Ahora tengo una condena de diez años y ella, libre. Si hubiera colaborado, mi condena bajaba a ocho y calificaría al indulto.

En una madrugada de agosto agentes antinarcóticos, en Challacollo, revisan a pasajeros de un minibús que hacía la ruta Oruro-Pisiga | Emilio Huáscar Castillo

En abril de este año, Evo Morales promulgó un decreto supremo para dar indulto y amnistía a los privados de libertad y así desahogar las saturadas cárceles bolivianas. El juez Germán López, que le dio una condena de diez años a Judith y Laura, señala que los mayores beneficiados con este instructivo presidencial “sorprendentemente” han sido los presos por transporte y suministro de sustancias controladas, cuyas condenas eran igual o menor a los ocho años. De hecho, desde marzo hasta agosto abandonaron San Pedro 15 hombres y 5 mujeres, entre ellos Judith.
Sobre las dudas de Laura, que si el colaborar con información de la organización criminal que la captó le ayudaría a atenuar su pena, el exfiscal antinarcóticos Joadel Bravo dice que eso no es tan así, que en Bolivia delatar a los ‘peces gordos’ del narco no se traduce en atenuante y que, lamentablemente, hay casos en los que esto significa firmar una sentencia de muerte con los criminales.
Sin embargo, cree que si el detenido pudiera ‘negociar su condena’, como en la “Ley de Lucha contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz” de 2010, a cambio de brindar información y si se lo protegiera, significaría un avance sustancial en el desahogo de las cárceles y en la lucha contra el narcotráfico.

Sobre los ‘peces gordos’ que la captaron, Laura no ha soltado hasta ahora una media palabra a las autoridades. Cuando, en agosto, les tocó su audiencia de sentencia habían acordado con Judith confesar la verdad.
-Me quedé fría. Al inicio de la audiencia me entero de que ella se sometía a un proceso abreviado y que así conseguiría el indulto por su enfermedad. Lo único que pensé fue en mis hijos, en que si yo hablaba algo les pueda pasar. A mí, no importa lo que me hagan, ya viví muchos años de violencia con el padre de mis hijos, el mismo que me cortó la cara.
Tiene una cicatriz en el pómulo derecho, justo debajo del ojo que fue operado por una desviación ocular por catarata traumática, pero la intervención quirúrgica no salió del todo bien. Y como no veía bien no pudo continuar con su empleo en una empresa peladora de pollos en Cochabamba, donde ya se había rebanado un pedazo de un dedo y uña. Lo que le quedó fue tomar el trabajo de ayudante de albañil, tenía tres hijos bajo su responsabilidad y necesitaban comer, vestirse e ir al colegio. Cuando el frío otoñal se hizo más acuciante, la artritis le inmovilizó las manos y el vaciar cemento en las construcciones dejó de ser una opción.
Con 15 papas en la cesta; el desfile cívico de sus hijas, que compartían un solo uniforme para ir a clases en distintos horarios, la obligaba a comprar otro nuevo; los tres meses de alquiler sin pagar y su tratamiento médico sin concluir hizo que la propuesta de una amiga del barrio se convirtiera en la única salida a sus urgentes necesidades.
Laura, que ahora lamenta el haberse embarcado en aquel viaje maldito, mientras teje, lava pisos y hace empanadas en la cárcel -porque de alguna forma hay que hacer dinero para vivir ahí adentro- se latiga con la ausencia de sus hijos. Las dos mayores, de 13 y 9 años, tuvieron que irse a vivir con el padre violento, y el menor de 5 años, hijo de su segunda pareja, está alejado de sus hermanas.
-El daño que se les ha hecho a esos niños es abismal. Las chicas, de estar en el cuadro de honor, han caído en sus notas. La mayor se ha aplazado en siete materias y llora y llora.
La profesora Miriam López, consejera de curso de la mayor de las hijas de Laura, le ha tomado especial atención al caso, más desde que se enterara de que la niña empezó a cortarse las muñecas ante la ausencia de su madre.

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- ¿Usted tiene contacto con ella (Laura)?
- ¡No! Ella se quedó allá. Yo me vine a Cochabamba.
- ¿Volvió a su tratamiento?
-Solo fui a hacerme ver, tratamiento ya no hay… es cáncer terminal...

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La imagen que proyecta Judith en las redes sociales no es de queja ni de disculpa, obviamente, tampoco de enferma o de exprisionera. Viendo sus publicaciones sus más de 500 seguidores en Facebook nunca sospecharán que la exvocalista de un grupo de cholitas del Chapare tuvo que dejar uno de sus sueños, el canto, porque las quimioterapias le quitaron el pelo y el sofocante calor de esa región tropical no le ayudaba a sobrellevar su enfermedad.
El Chapare, donde Judith nació y vivió su infancia y parte de su juventud, es una de las 16 provincias de Cochabamba en las que, en sus 12 años de gobierno, Evo ha invertido más de 4.000 millones de dólares para su desarrollo, pero pese a esta inyección económica más del 91% de la coca que produce (8.300 hectáreas en 2018), sigue sin venderse en el mercado legal, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC). Así el Chapare no logra quitarse el estigma de zona narco.

Judith antes de ir a Argentina a someterse al régimen esclavizante de la costura, trabajó en el Chapare cosechando y empacando bananas. Su madre y padrastro se habían dedicado al alcohol y detrás de ella había seis hermanos que atender. No le quedó más que abandonar la escuela y ponerse a trabajar.
Cuando volvió de Argentina con algo de ahorros uno de sus senos empezó a enrojecer y a provocarle dolor. El diagnóstico médico puso su mundo al revés: tenía cáncer de mama. Desde hace tres años ha ido de tumbo en tumbo, perdió los dos senos, el cáncer hizo metástasis en sus pulmones y en la columna, la tuberculosis que sufrió en su adolescencia también le cobró factura y cada vez le era más difícil costear los gastos.

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-Antes de hacer ‘aquel viaje’¿usted ya había estado en Chile?
-Sí, iba a comprar ropa usada para vender en las calles de Cochabamba, pero no te dejan, te lo quitan. Yo necesitaba el dinero...

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Tanto Judith como Laura calzan a la perfección en el perfil que buscan las organizaciones criminales dedicadas a traficar droga a otros países, como es el caso de Chile. Sus necesidades económicas eran apremiantes, sufrían disgregación familiar, no recibían apoyo económico ni sentimental de su familia o pareja y debían darle seguridad a sus hijos o hermanos. Son las mulas del narcotráfico que las situaciones extremas que viven las llevan a pasar droga, pero casi nunca lo pueden probar y en Bolivia el que lleven un kilo de cocaína es lo mismo que 100. Son catalogadas y penalizadas como si fueran un ‘Chapo Guzmán’.
“La recurrencia de mujeres involucradas en el tráfico de drogas obedece a condiciones de pobreza y nos está conduciendo a una suerte de feminización del narcotráfico que es emergente de la feminización de la pobreza”, reflexiona el ministro de Gobierno de Bolivia Carlos Romero.
El ministro considera que es necesario establecer regímenes punitivos que sean proporcionales como señala Naciones Unidas. “La proporcionalidad es algo que tenemos que trabajar (...). Hemos hecho la propuesta en una ley corta que todavía está siendo tratada en el Órgano Ejecutivo”.

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-Si hubiera terminado el cole … ¿qué carrera le hubiera gustado estudiar?
-Mmm… abogada, para ayudar a los niños. Hay muchos niños que los abandonan sus padres como a mí.
-La he visto en una foto con una guitarra…
-Antes también me metí a un grupo de cholitas, era la segunda voz y la que animaba.
- ¿En serio? ¡Qué bonito!
-Lo dejé porque mi pelo se derramó por las quimios. Quiero volver a cantar…
- ¿Qué le gustaría cantar?
-Cumbia, así como Selena.

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Si un preso de por sí se la pasa mal en las cárceles de Bolivia, para un enfermo y privado de libertad, sin las condiciones mínimas para aliviar su mal, es un verdadero viacrucis. El calvario que vivía Judith, que a lo único que tenía acceso era al oxígeno, hizo que la directora de Régimen Penitenciario, Ericka Araoz, se movilizara junto a la Defensoría del Pueblo de Oruro, para gestionar el indulto humanitario.
Lo primero que hizo cuando dejó atrás los muros de la fría prisión fue cantar en el primer karaoke que encontró a su paso. Cantó a viva voz “Basta ya”, de Olga Tañón, y se filmó. Ese es el video que comparte en la última conversación que tuvo con la periodista antes de la publicación de esta investigación.
-Yo vivo muy bien, alegre, tengo fe, mis tristezas no durarán mucho tiempo.
Así se da ánimos mientras busca trabajo. A su vez, Laura espera que la trasladen a la cárcel de Cochabamba, donde por lo menos podrá recibir la visita de sus hijos.




Los detenidos del narco que colapsan el sistema

El incremento de las mulas del narco tiene en jaque al sistema judicial y penitenciario de Oruro, departamento limítrofe con Chile. De los más de 18.500 presos en Bolivia, el 18,5% es por delitos relacionados con el narcotráfico.


La perversa cadena del narcotráfico afecta al sistema en todos sus niveles, entre ellos el judicial y el penitenciario. Uno de los departamentos en los que estas estructuras del Estado están en jaque es en Oruro, departamento que limita con Chile, que además debe hacer frente al contrabando y al ‘juqueo’ (robo) de minerales, entre delitos.
Al juez de ejecución penal de este departamento, Germán López, le preocupa el creciente número de detenciones de personas relacionadas con el tránsito de drogas en la ruta Oruro-Pisiga. Desde enero hasta agosto 'cayeron' 31 mujeres y 96 hombres con droga. De este modo, la mayor carga de trabajo recae estos dos juzgados de Sentencia, que a diario reciben entre dos y tres procesos relacionados con el narcotráfico.

En Bolivia las leyes que castigan el tráfico y suministro de drogas instruyen que en estos casos los procedimientos sean inmediatos. Al ser detenidos en flagrancia, explica el juez, los juzgados cautelares no deben sobrepasar los 30 días para remitirlos a los juzgados de Sentencia. Sin embargo, esto no ocurre y los casos se prolongan provocando otros problemas. "La carga procesal en estos delitos está generando un hacinamiento (de procesos) y no se están resolviendo en el tiempo que el Código de Procedimiento Penal establece”.
Pero, el sistema judicial no es el único afectado, también el penitenciario, por la cantidad de personas que están detenidas de forma preventiva y no solo por tráfico o suministro de drogas.
Hasta marzo de 2018, en las 56 cárceles de Bolivia, Régimen Penitenciario tenía registrados 18.523 prisioneros; 18,5% de ese total, por delitos relacionados con el narcotráfico. De esa cantidad más del 70% esperan aún sentencia.



Cambiar la ley
Las leyes bolivianas que condenan a personas vinculadas con delitos relacionados con el narcotráfico no hacen diferencia en sexo, en la cantidad de la droga o si colaboran con información sobre la organización dedicada a este ilícito y eso, observa el exfiscal Joadel Bravo, hace que la criminalidad alcance proporciones cada vez mayores.
Una forma de combatirlo sería premiando la colaboración con la reducción de la condena para quienes delaten a los ‘peces gordos’, aspecto que ya es aplicado en la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. En ese marco, Bravo presentó en 2016 el proyecto de Ley Contra Asociaciones Delictuosas y Organizaciones Sociales, que también hace referencia a la negociación de la pena, pero hasta la fecha el documento sigue ‘durmiendo’ en la Bancada de Diputados de Santa Cruz.
En Bolivia no sucede lo mismo que en Chile. Allí, por ejemplo, los detenidos que no tienen antecedentes previos, que colaboran con la investigación y que se someten a un proceso abreviado, suelen conseguir atenuantes para bajar el grado de la pena de cinco a tres años y esa condena, en el caso de los extranjeros, les permite beneficiarse con la expulsión.
Así es como 302 bolivianas sentenciadas en el norte de Chile en 2017 y primer trimestre de este año, lograron volver a Bolivia después de permanecer una media de 180 días en prisión. ¿La principal condición? No volver a poner un pie en Chile en diez años.

También un cambio en las políticas de Estado…
La fiscal antinarcóticos, José María Barrientos, y el Defensor del Pueblo de Oruro, José León, coinciden en que es necesario un cambio en las políticas de Estado. Barrientos, que ha dedicado varios años de su carrera profesional a este tema, sugiere que no solo se ejecuten cambios en las leyes sino también en generar oportunidades de trabajo y formación para las mujeres que están a cargo de un hogar.
En el caso de la Defensoría del Pueblo de Oruro ya ha dado un paso adelante: está socializando con las instituciones involucradas con el sistema judicial y penitenciario la necesidad de darles un tratamiento diferenciado a las condenas de las mujeres.

Las rutas de las mulas del narco

Las personas utilizadas por el narco como correos humanos para transportar droga a Chile, en su mayoría son de Cochabamba y Santa Cruz. Por lo general utilizan las rutas a Oruro y de allí a Pisiga.

A escasos metros del paso fronterizo oficial hay un boquete en la valla que es utilizado por las personas que quieren evitar el control aduanero y de Migración | Emilio Huáscar Castillo.


Son las 00:30 de una fría noche de agosto en Challacollo, un pueblo distante a 20 kilómetros de la ciudad de Oruro y a 217 kilómetros de Pisiga, en la frontera entre Bolivia y Chile. Aquí, la misma patrulla de Antinarcóticos que ahora ha instalado un puesto de control de vehículos en esta gélida zona atrapó a Judith y Laura la madrugada del 9 de abril.
La sargento Susana Mamani es la encargada de ‘cachear’, como en aquella ocasión, a las pasajeras que, de ir calentitas en los buses, tienen que descender al rigor del clima. “Siempre hay una mujer en los operativos”, dice. Son las encargadas de revisar al género femenino. Cuando se le consulta sobre cómo es laburar con ese frío bajo cero y con los peligros que implica las misiones que ejecuta, sonríe y responde: “Son gajes del oficio”.
Esa noche, en casi 120 minutos, la decena de agentes detiene al azar a más de diez vehículos, entre públicos y privados. Le toca el turno a un minibús que va a Pisiga, de las mismas características que el que llevaba a Judith y Laura. De repente el jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Oruro, Omar Zegada, activa las luces verdes y centelleantes de su linterna. Esa era la señal para que se acercara el equipo de prensa; había caído una ‘mula’ del narco. Era un joven que en su mochila llevaba cinco ‘ladrillos’ de cocaína y otro de marihuana, además se había comprado una caja de cerveza e iba bebiendo con los demás pasajeros.
-Es reincidente. Ya tiene antecedentes por narcotráfico en Chile, explicará más tarde el coronel Zegada.
También dirá que son contados los operativos de control que terminan sin algún aprehendido. Desde enero a agosto, su unidad realizó 170 y logró atrapar a 130 personas en posesión de sustancias controladas. Llevaban la droga en sus valijas, adherida a su cuerpo o en sus estómagos.
Para que la droga boliviana llegue a Chile una de las rutas preferidas es la de Oruro-Pisiga. Eso no quiere decir que los transportadores sean de este departamento fronterizo, el juez Germán López afirma que en su mayoría son de Cochabamba y Santa Cruz.

Este dato coincide con los que se obtuvieron del análisis de 325 casos de bolivianas condenadas por tráfico de drogas en el norte de Chile, entre 2017 y primer trimestre de 2018. De esa cantidad, el 41,8% nacieron en Cochabamba; el 24,9%, en Santa Cruz, y el 9,2%, en Potosí.
La fiscal antinarcóticos José María Barrientos dibuja así las rutas de las ‘mulas’ y tragonas del narco:
A Chile, van por Pisiga; a Perú, por Desaguadero; a Brasil, por Puerto Suárez y a Argentina, por Yacuiba-Pocitos. Paraguay, el quinto país con el que Bolivia comparte frontera, más bien ingresa droga, también hacen lo mismo los narcos peruanos.
Bolivia no solo es país productor, también de tránsito de drogas.

 

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