JUSTICIA
A LA CARTA

Las muertes de Asako



Esta es la historia de una mujer que lleva diez años buscando que el asesino de su hija pague por el crimen. En este tiempo 11 fiscales, tres jueces y una sentencia de 30 años de cárcel no han sido suficientes para que ponga un pie en la presión. En el proceso, esta madre perdió a su esposo y sobrevivió a un cáncer. La Justicia le ha dado la espalda.

Por: Ernesto Estremadoiro Flores | Reportería: Guider Arnacibia Guillén y Nelfi Fernández | Colaboración: Paula Asillanis y Yaquelin Fernández
Fecha: 25 de julio de 2022



Asako Inamine camina hacia la gruta religiosa que construyó en su casa-quinta, ubicada en la zona de los Lotes. Recoge un ramo de flores blancas y amarillas que el viento tumbó, luego acomoda el lugar donde guarda las cenizas de su hija, Chizuko y de su esposo Milton. A la primera la perdió hace 10 años, en un hecho de sangre que la dejó devastada. Y su marido murió por covid, clamando una sentencia contra el asesino de su hija. Su compañero de vida partió al más allá sin conocer la condena de 30 años sin derecho a indulto contra el culpable.

“Pero volvería a morirse”, se lamenta Asako, porque pese a tener condena, dos vocales de la Sala Penal Segunda de Santa Cruz decidieron anular totalmente la sentencia y ordenaron “la reposición del proceso penal y el reenvío ante otro Tribunal llamado por Ley”, es decir un nuevo juicio. A sus 56 años dice que no tiene fuerza para seguir otro proceso, ya murió dos veces por la pérdida de sus seres queridos. Ahora tiene una lucha personal contra el cáncer, enfermedad a la que espera vencer para ver crecer a su nieto, hijo de Chizuko.

Su historia es otra más de un sistema judicial que se mueve por el antojo de intereses políticos y económicos. Un sistema en donde las personas, que tienen dinero e influencias, se valen de artimañas legales y de la corrupción para torcer sentencias y no purgar sus culpas, sostienen especialistas consultados por el equipo periodístico. Esta es su desgarradora historia.


Una llamada y un desenlace fatal

Hora: 19:30 de la noche. Fecha: 16 de noviembre de 2012. Ese día Asako Inamine Takei, de 46 años, hija de inmigrantes japoneses y casada con Milton Robert Herrera, recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su vida. Al otro lado de la línea telefónica, el policía Andrés Arcaine, le hizo una pregunta que la dejó helada: “De qué color de ropa salió vestida tu hija”, fue la interrogante que lanzó el uniformado esa noche en modo de presagio mortal.

Con su esposo, ésta camba neta — como se define a sí misma— pero con rasgos japoneses que “no mienten” procreó cuatro hijos: Milton René, Indira Chizuko, Naomi, Harumi y Robert, a todos les dio amor, valores y educación.


Indira Chizuko, la segunda, siempre fue inquieta, tenía un carácter fuerte y amaba el campo. Heredó esa pasión de su abuela Taeko Takei, una agricultora de Okinawa que llegó a Bolivia a los 15 años y tuvo cuatro hijos con su coterráneo Yoshihiro Inamine, de profesión peluquero. Después de vivir unos años en la colonia Okinawa I (Warnes), se instalaron en la capital de Santa Cruz.

Asako recuerda que su hija siempre estuvo orgullosa de sus raíces. “Le encantaba que la llamemos Chizuko” recuerda, que en japonés significa mujer valiente. Quizás, por eso no aguantó los malos tratos de su pareja y planteó una demanda de divorcio contra Windsor Andia Rivera.

“Ella nunca fue feliz”, afirma la mujer, que recuerda cómo su hija sufrió los abusos del hombre y padre de su hijo que, en ese entonces, tenía dos años. El proceso de separación fue más dramático, por las peleas y amenazas que nunca cesaron.

"Desde el comienzo (el matrimonio) fue malo. Ella ya trabajaba (tenía su propia veterinaria), se casaron y a los tres o cuatro meses mi hija volvió a mi casa. Con nosotros pasó la etapa del embarazo; de los tres años de casados si han convivido nueve meses es mucho, vivió más aquí, que en su casa", dijo.

Los altercados fueron duros, incluso Windsor llegó a raptar en varias ocasiones a su hijo para presionarla a que vuelva con él. Estas acciones terminaron en una denuncia realizada por violencia doméstica ante la Brigada de Protección a la Familia.

En estas circunstancias Asako conoció al cabo Arcaine y que días después la llamó para informarle de la fatal noticia. “El policía me dijo: ‘venite urgente aquí’ y me dio la dirección en el barrio Magisterio”, recuerda.

Al llegar a aquel paraje alejado de la ciudad, vio el vehículo de su hija, corrió hasta el motorizado y observó una escena que le desgarró el alma. “La vi a mi hija ahí. Lo primero que dije fue: ‘ha sido su esposo’ porque me dijo que se iba a encontrar con el padre de su hijo. Fue bien clara”, afirma. El encuentro se pactó entre ambos para hablar y ultimar detalles del cumpleaños del hijo en común, que se tenía que festejar tres días después.

Pero según las declaraciones de amigos y otros familiares, el hombre la citó porque quería contarle un tema de salud con suma urgencia.

Esa misma noche la Policía lo arrestó en la morgue, cuando fue a reconocer el cuerpo de su esposa. Estaba tranquilo y sereno. Las primeras investigaciones arrojaban muchas pruebas contra él, dos testigos lo vieron llegar al lugar en una motocicleta. Incluso, la Policía pudo cruzar las llamadas que se hicieron tanto Windsor como Chizuko a pocas horas del hecho y los ubicaba en el mismo lugar, según registra el expediente judicial.

Según la investigación de la Fiscalía y la Policía, mediante engaños la citó en ese lugar para impedir que siga con el proceso de divorcio. Ingresó al vehículo, le mostró las fotos de su boda y apeló a los escasos momentos de felicidad. Pero al tener una negativa, sacó un arma y le disparó a sangre fría.


Después huyó dejando manchadas de sangre esas fotos con las que esperaba convencer a su pareja de no separarse. Este detalle fue crucial porque era la única persona que tenía esas imágenes. También, tomó sus recaudos para dar negativo a la prueba del guantelete, porque sabía usar muy bien un arma de fuego, según las investigaciones policiales.

Dos juicios, dos calvarios

Tras ser detenido lo que vino después fue un proceso plagado de irregularidades. Mauricio Gonzales, abogado de la familia Herrera Inamine, tomó el caso a los cinco meses cuando el acusado tenía detención preventiva y el hecho no se pudo tipificar como feminicidio sino como asesinato, debido a que aún no estaba en vigencia la Ley de Violencia contra la Mujer. Recuerda que el Ministerio Público, a través de la fiscal Pura Cuéllar, pidió la cesación a la detención del acusado.


La fiscal fue destituida en mayo de 2015 por un proceso interno realizado por la Fiscalía General contra ella y otros cuatros funcionarios de esta entidad.

En total Andia estuvo detenido nueve meses hasta que el vocal de la Corte del Tribunal Supremo Departamental de Justicia de Santa Cruz, Zenón Rodríguez, le dio libertad irrestricta. Lo más grave, es que, pese a tener evidencias y testigos, el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de Santa Cruz decidió absolver indicando “que los medios y elementos probatorios no demostraron que el citado imputado haya incurrido en ese accionar ilícito, pues no se identificó quien disparó el arma de fuego que produjo las heridas y posterior muerte de Indira Chizuko Herrera Inamine, tampoco se estableció que tipo de arma de fuego fue utilizada”.

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“Los jueces Uby Saúl Suárez Sánchez y José Ernesto Aponte, dieron una infame absolución en abril de 2015. Ese tribunal no quiso que se haga la pericia de ADN en una polera manchada con sangre enviada al Instituto de Investigación Forense (IDIF) a la ciudad de La Paz”, señaló.

Después del fallo, Gonzales y la familia Herrera Inamine apelaron y las autoridades judiciales ordenaron un nuevo juicio, por considerar que en el anterior proceso no se valoraron los elementos recabados por la Policía y La Fiscalía, que incluso fueron descartados.

A diferencia del primer juicio, el segundo proceso encontró culpable de asesinato a Andia. Parte de la sentencia Nº09/2020 emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Cruz, integrado por Carlos Mendienta, Ernesto Guardia y Jackeline Soriano, estableció que Windsor Andia Rivera cometió el crimen.

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De esta forma, un 1 de octubre de 2020, ocho años después y un nuevo juicio, Windsor fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Ese día parecía que el calvario vivido por Asako había terminado. Cayó de rodillas y rompió en llanto en una señal de justicia. Recordó las idas y venidas de un proceso doloroso. Recordó a su esposo, que murió por covid meses atrás y que peregrinó con ella por justicia. Recordó a su hija y el último día que la vio con vida. Y recordó a su nieto. Se dijo así misma que ahora podría dedicarse a su familia y a él. Pensaba que por fin su peregrinaje para obtener la justicia de los hombres culminó. Pero no fue así. El Código Penal boliviano establece procedimientos jurídicos para que el acusado pueda apelar a un fallo. Y eso hizo la defensa del acusado. Presentó un recurso de Apelación Restringida ante la Sala Penal Segunda de Santa Cruz.

El 3 de mayo de 2021 esta instancia judicial declaró admisible y procedente la apelación. Anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio, porque no se valoró las pruebas de guantelete que resultó negativa, además no se fundamentó la intención del crimen, y no se contrastó el testimonio dado por los familiares de Chizuko, que según esta instancia solo eran testigos referenciales.

Estas declaraciones fueron anuladas como pruebas en el primer juicio, pero en el segundo proceso fueron admitidas al considerar que aportan elementos que explicaban el móvil del crimen. Pero la Sala Penal Segunda, argumentó que no probaban nada.

Esta sala está conformada por los vocales Ever Álvarez y Julio Nelson Alba Flores (convocado para emitir este fallo) y Arminda Méndez, que se excusó. Esto cayó como un balde de agua fría para Asako. Ahora, después de 10 años no tiene las fuerzas para seguir un nuevo juicio. Asegura que está cansada y agotada. Llevar adelante dos procesos sin éxito fue un martirio. “Conseguir una sentencia inminente de tres jueces y que la bajen es doloroso. Y que nuevamente nos pidan hacer un nuevo juicio, no. Ya no se puede, todo tiene su límite: ya no podemos.Yo no voy a pagar para que me den una sentencia”, dijo.

La misma decepción siente la fiscal Rosmery Barrientos, que actualmente atiende este caso. La representante del Ministerio Público sostiene que hasta la fecha no fue notificada sobre el fallo de la Sala Penal Segunda, para accionar otro recurso jurídico y revertir esta situación. “Él (Windsor Andia) presentó una apelación restringida. El Ministerio Público y la víctima, la señora Asako también contestamos, indicando que este recurso no tenía ningún asidero legal. Demostramos con prueba documental, testifical y material de que él era autor del asesinato. Han revocado esta sentencia y yo no fui notificada. Si lo hubieran hecho, hubiera realizado un recurso de casación. Estoy a la espera de que me notifiquen”, señala la jurista.

Barrientos añade que como prueba contundente está la georreferenciación de los celulares de la víctima y de Windsor. En el último juicio solicitó medidas cautelares contra él, quién escuchó su sentencia estando en libertad.

“Yo todavía sigo confiando en la justicia y en que se le va dar 30 años de cárcel”, agrega. Ella ha hecho un compromiso personal de seguir este caso de oficio hasta lograr una sentencia condenatoria contra el acusado que hoy sigue en libertad.

“La administración de la justicia ha entrado en remate”

Francisco Borenstein, exfiscal de distrito sostiene que el sistema judicial en Bolivia “está tremendamente mal y que se debe hacer algo para mejorarlo”. Él es uno de los integrantes del grupo de abogados independientes de Santa Cruz que han elaborado un planteamiento de reforma a la justicia.

Para él, no hay una vocación judicial. Y va más lejos en su análisis al señalar que el ejercicio del ser juez “pasa por algo que cada vez va desapareciendo del diccionario de los abogados: la honestidad y la vergüenza”.

Borestein mete el dedo en la llaga y sostiene que muchos cometen prevaricato, al recibir dinero para torcer las leyes en función a los intereses de personas con dinero o poder, que buscan eludir el castigo que las leyes imponen contra un delito. “Entonces (los jueces) no tienen ningún temor de cometer prevaricato porque saben que no se los va a sancionar. Y ellos han perdido la vergüenza, todo mundo sabe el sueldo de un juez. Por eso no tienen ningún impedimento en decir: mire, usted quiere este fallo, le va costar tanto dinero”, asegura.

El 4 de julio de 2022 el presidente Luis Arce Catacora promulgó la Ley 179/2021 que amplía la pena de 10 a 20 años de privación de libertad para jueces y fiscales que comentan el delito de prevaricato.

El ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que con el aumento de pena no se resuelve el problema, pero se da una “señal política” a los administradores de justicia. Javier El-Hage, director legal de Human Rights Foundation (HRF), organización con sede en Nueva York, considera que durante el primer gobierno de casi 14 años del Movimiento Al Socialismo (MAS) — al que la HRF califica como “autoritario-competitivo” — “ha dejado a Bolivia con un sistema judicial subordinado a los altos magistrados y a los caprichos del Poder Ejecutivo de turno”.

“En Bolivia los jueces más importantes —aquellos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema— no aplican la ley con un espíritu protector de las instituciones democráticas y los derechos y libertades de los ciudadanos, sino que interpretan la ley incluso contradiciendo el texto expreso, con la finalidad de justificar las decisiones arbitrarias y abusivas de funcionarios del Poder Ejecutivo”, señala y al mismo tiempo aclara que los cuestionamientos que se hacen al sistema judicial son de vieja data.

Susana Saavedra Badani, directora de la Fundación Construir y activista por los derechos humanos sostiene que entre 2000 y 2010 se trató de institucionalizar la justicia, pero que después se comenzó a designar a los jueces y fiscales de forma provisoria.

“Esto despojó de todas las garantías que tienen para ser imparciales. La mayoría de ellos hasta ahora son funcionarios eventuales, eso hace más pasible que estén sumergidos en la corrupción”, señala la especialista.

En su informe sobre la independencia de los magistrados y abogados del sistema judicial, el relator especial, Diego Garcia-Sayan dijo que la justicia es dependiente del poder político, corrupta e ineficiente, y que además no llega a todos.

La defensa de Windsor y exfiscal apuntaban a otros

Según consta en el legajo de expedientes del caso, Windsor siempre alegó su inocencia. Es más, sus abogados lograron que la exfiscal Pura Cuéllar imputara a otras dos personas por el crimen durante la etapa preparatoria del primer juicio, donde consiguió una sentencia absolutoria.

De acuerdo a los antecedentes procesales el acusado dijo que en los momentos del hecho no se encontraba en el lugar sino cenando con su familia. Incluso en sus declaraciones sostuvo que la relación con su esposa era normal, con peleas propias de un matrimonio convencional.

Durante el proceso judicial la Defensa de Windsor acusó a Andrés Arcaine, el policía que investigó el caso, de adulterar pruebas y de encubrir al verdadero asesino. En su descargo el uniformado sostuvo que tenía más 30 años de trabajo intachable. El uniformado fue enviado a la cárcel de Palmasola de forma preventiva, pero el caso en su contra no prosperó.

“Se inventó hasta testigos para proteger al verdadero asesino. Ese trabajo no creo que lo haya hecho gratis. Así tenga 32 años de trabajo es un delincuente corrupto", llegó a decir, Andia sobre el policía, en declaraciones al diario El Día.

Esta acusación fue presentada como prueba de descargo por la defensa de Windsor, pero fue rechazada. Al igual que los señalamientos a terceras personas. Para el Tribunal Segundo de Sentencias estas pruebas resultaron irrelevantes.

“Tengo un nieto, debo velar por él”

Asako Inamine Takei ya no quiere lidiar con citaciones o volver a pisar las instalaciones del Palacio de Justicia de Santa Cruz. Su cuerpo y su espíritu, hasta ahora inquebrantable, dijeron basta. Mientras subía y bajaba de esa mole de concreto recubierta de cristal le detectaron cáncer de estómago.

Al mismo tiempo que peregrinaba por los estrados judiciales recibió un tratamiento duro. Y resistió, quizás cómo resistieron las penurias sus padres cuando llegaron a estas tierras en busca de un mejor futuro. Pero ahora no está en condiciones de seguir un nuevo juicio para lograr justicia por la muerte de su hija. Y tiene un motivo, su nieto, el hijo de su querida Chizuko, que tiene 11 años de edad.

: La señora Asako ya no quiere seguir un nuevo proceso judicial, venció el cáncer y ahora quiere seguir adelante por su nieto, confía en la justicia de Dios | Foto: Nelfi Fernández.


“Realmente ya me cansé. Van a hacer 10 años de peregrinación, no doy para seguir con un tercer juicio. Tengo un nieto, debo velar por él. Quiero enfocarme en mi familia, tarde o temprano Dios me hará justicia porque esperar la justicia del hombre está verde”, señala.

Trata de no hablar mal de Windsor delante de él. Pero el pequeño sabe sobre el proceso en contra de su padre. Ahora su meta es darle todo lo que le dio a su hija para que sea un hombre de bien. En su casa conserva fotos de ella, sus diplomas y reconocimientos por sus logros académicos. Aunque recordarla le causa dolor, esas imágenes y su nieto son la única forma de mantenerla con vida.

Pese al infierno que vivió en los juicios fallidos, cuando fue entrevistada para este reportaje estaba muy optimista por su estado de salud. Los exámenes de rutina confirmaron que el cáncer desapareció y que no hizo metástasis en ningún otro órgano.

“Me siento bien. Estoy fortalecida, lo más hermoso es que he tenido el apoyo de mis hijos, me han cuidado, he tomado mi enfermedad como cualquier otra, no he decaído ni me sugestionado y he salido adelante gracias a Dios”, dice.

Aunque el dolor no pasa y la justicia no llega, Asako Inamine Takei, sale adelante y volvió a la vida como un ave fénix. Se enfoca en darle un mejor futuro a su nieto, en cuidar la gruta donde descansan las cenizas de su hija y su amado esposo. De esta obra ha hecho una especie de santuario que siempre tiene flores blancas y amarillas.





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Staff:
Edición: Fabiola Chambi y Mónica Salvatierra Reportería: Nelfi Fernandez Reyes, Ernesto Estremadoiro Flores, Iván Paredes Tamayo, Guider Arancibia Guillén, Esmir Cortez Becerra Colaboración en reportería: Miguel Gutiérrez, Ricardo Gutiérrez Análisis de datos: Lizeth Vargas Guzmán Recolección de datos: Paula Andrea Asillanis Montaño Desarrollo web: Erick Alarcón Ayarde, Miguel Valdez Cossío Infografía: José Arias, Lily Soruco Ilustración: Carlos Ureña Fotografía: Ricardo Montero Saucedo, Nelfi Fernandez Reyes Diseño gráfico: José Luis Cortez Producción podcast: Mabel Pericón, Daniel Cara Producción video: Danner López, Miguel Surubí, Franz Arias Colaboración: Paula Andrea Asillanis Montaño, Yaquelín Fernandez Reyes, Cecilia Yampara,

Esta investigación fue realizada por Nelfi Fernandez Reyes, con colaboración de Lizeth Vargas Guzmán, Ernesto Estremadoiro Flores e Iván Paredes Tamayo, para EL DEBER y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de la Américas.